La representación, para el periodo 2016-2018, del Sindicato de Trabajadores

de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) en el Plantel 8,

"Miguel E. Schulz", de la Escuela Nacional Preparatoria, mantiene el compromiso

con todos los Trabajadores Administrativos de Base de esta dependencia

 universitaria y su responsabilidad de hacer que el Contrato Colectivo de Trabajo

vigente y los Estatutos de nuestra organización sindical se respeten; asimismo,

los derechos de la base trabajadora deben cumplirse.

Informando de manera, permanente y oportuna, sobre acuerdos del Consejo

General de Representantes (CGR), del Congreso General Ordinario

y cualquier otro al que llegue el Comité Ejecutivo del STUNAM

o la Delegación Sindical de la también llamada Preparatoria "Mixcoac".  

El dictamen señala en las disposiciones transitorias de la Ley de la Pensión Universal que el monto mensual de la pensión en este año será de 580 pesos, el cual se ajustará anualmente hasta igualar en términos reales, conforme a la disponibilidad de recursos y en un plazo no mayor a 15 años, el monto mensual de mil 92 pesos y se actualizará cada año conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Establece que serán beneficiarios de la Pensión Universal las personas que tengan 65 años de edad o más, que residan en territorio nacional y si son extranjeros, deberán haber residido por lo menos 25 años en territorio nacional, así como estar inscritos en el Registro Nacional de Población.

También podrán ser beneficiados quienes teniendo el carácter de Pensionado, no reciban una pensión mensual mayor al monto a que se refiere el artículo 8 de la Ley (mil 92 pesos). Será el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la autoridad que acredite los requisitos de la persona que solicite el pago de la Pensión Universal.

Para conservar el derecho a recibir el pago de la Pensión Universal, los beneficiarios deberán cumplir periódicamente, conforme a lo establecido en las disposiciones de carácter general, además de acreditar su supervivencia, atender los esquemas de prevención en materia de salud.

El derecho para reclamar los pagos mensuales de la Pensión Universal prescribe en un año, contado a partir de la fecha en que sean exigibles los mismos.

En caso de fallecimiento del beneficiario de la Pensión Universal, se otorgará a sus familiares un apoyo económico para gastos funerarios, equivalente a dos pagos mensuales de la Pensión Universal, como mínimo, en términos de lo dispuesto en el Reglamento.

El IMSS podrá sancionar con una multa de 100 a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a la persona que se valga de documentación falsa o declare en falsedad para acreditar los requisitos de vigencia del derecho a recibir el pago de la Pensión Universal.

Respecto a la Ley del Seguro Social, se establece que uno de los requisitos para acceder al pago del seguro de desempleo, es haber permanecido sin trabajo al menos 45 días naturales consecutivos y no percibir otros ingresos económicos por concepto de jubilación o pensión.

Acreditar el cumplimiento de los requisitos comprendidos en los programas de promoción, colocación y capacitación a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), además de declarar, bajo protesta de decir verdad, que no realiza por cuenta propia alguna actividad que le genere ingresos.

El seguro de desempleo consistirá en un máximo de seis pagos mensuales, divididos en dos etapas. La primera etapa comprende los dos primeros pagos, por un monto establecido con base en el promedio de las últimas 24 cotizaciones, correspondiente al 60 por ciento para el primer pago y 50 por ciento en el segundo pago. Para los cuatro pagos siguientes, el monto mensual será equivalente al 40 por ciento del salario promedio antes descrito.

Establece que se utilizarán en primer término los recursos acumulados en la Subcuenta Mixta (aquélla en la que se depositarán las cuotas patronales y sus rendimientos) para cubrir cada pago, por un monto máximo equivalente a un porcentaje del salario base de cotización promedio de las últimas 104 cotizaciones semanales.

En el artículo 217-G de la Ley del Seguro Social, se precisa que los recursos necesarios para financiar el pago del seguro de desempleo provendrán de la cuota a cargo de los patrones, equivalente al tres por ciento del salario base de cotización del trabajador, la cual será depositada en la Subcuenta Mixta, así como de los rendimientos que ésta genere.

Asimismo, de la aportación a cargo del Gobierno Federal, equivalente al 0.5 por ciento sobre el salario base de cotización del trabajador contratado por tiempo indeterminado, la cual será depositada en el Fondo Solidario, así como de los rendimientos que dichos recursos generen; en caso de que los recursos sean insuficientes, el Gobierno Federal, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, cubrirá los pagos que procedan.

Se precisa que el desempleado podrá recibir la prestación con cargo a los recursos señalados, en una sola ocasión dentro de un período de cinco años.

El dictamen también modifica la Ley Federal del Trabajo, para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en relación con las personas que soliciten el pago del seguro de desempleo, deberá implementar un programa de promoción y colocación de empleos, brindar asesoría y promover su capacitación o adiestramiento, así como dar seguimiento al resultado de las entrevistas de trabajo y verificar que cumplan con lo dispuesto en el programa.

En los artículos transitorios de esta ley, se precisa que el seguro de desempleo podrá otorgarse a quienes queden desempleados a partir del 1 de enero de 2015. Para los requisitos de accesibilidad al seguro, previstos en la Ley del Seguro Social que se reforma, se tomará como fecha de inicio de cotizaciones el 1 de enero de 2013, reconociendo para tal efecto las cotizaciones al Seguro Social comprendidas entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.

Se señala que los trabajadores que se ubiquen en situación de desempleo a partir del año 2015, les serán respetados sus derechos. Los recursos acumulados en sus subcuentas de vivienda continuarán siendo de su propiedad y podrán emplearse conforme a lo previsto en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Precisa que sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior y con el fin de brindar la prestación a los trabajadores que lo requieran en la primera etapa de su instrumentación, los desempleados que durante 2015 y 2016 reúnan los requisitos, podrán acceder a él siempre y cuando otorguen su consentimiento para que el pago del mismo se lleve a cabo de la siguiente manera: se afectará en primer lugar el saldo disponible de la Subcuenta Mixta y, en caso de que el saldo de la Subcuenta no sea suficiente, se podrá afectar hasta el 60 por ciento del saldo acumulado en la subcuenta de vivienda, siempre y cuando éste no se encuentre comprometido en un crédito.

Por lo que respecta al inicio del financiamiento del seguro de desempleo, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta el 31 de agosto de 2014 los patrones continuarán enterando las aportaciones para vivienda de los trabajadores. A partir del 1 de septiembre de 2014 los patrones cubrirán las cuotas patronales al seguro de desempleo y las aportaciones para vivienda de los trabajadores a su servicio, así como el gobierno federal deberá comenzar sus aportaciones al Fondo Solidario.

También el dictamen modifica la ley del Infonavit, para establecer en su artículo 29 que será obligación del patrón determinar el monto de las aportaciones del 2 por ciento sobre el salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del Instituto, para su abono en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores previstas en los sistemas de ahorro para el retiro.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público presentó un adendum con modificaciones al dictamen. En relación con materia de rebalanceo de cuotas del Seguro Social, se retiraron para su discusión y aprobación los artículos 25, 36, 106, 107 y el artículo sexto del proyecto de decreto de la Ley del Seguro Social. En consecuencia, esos artículos permanecen en los términos de sus leyes vigentes.

También se retiraron del dictamen los artículos 42, 102 y 140 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que permanezcan en sus términos vigentes.

Dichos artículos señalaban el porcentaje que los patrones, los trabajadores y el Estado deberían aportar para cubrir las prestaciones de los seguros de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Asimismo, el porcentaje que el Gobierno Federal cubriría por cada trabajador de las cuotas para el seguro de salud.

Del mismo modo, se hicieron cambios a diversos artículos de la Ley los Sistemas de Ahorro para el Retiro y de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La estrategia gubernamental ante los maestros busca detener un levantamiento civil y, al mismo tiempo, trazar una salida pactada al conflicto. La moneda de cambio que ya ofrecen en la Segob a la CNTE es frenar el despido masivo de maestros. Todo, sin tocar la reforma educativa. Los profesores tendrán que decidir si aceptan o siguen en una lucha que está aglutinando a los sectores desposeídos del país

Lo que se mostró en las pasadas elecciones fue una manifestación de hartazgo, de repudio al partido político en el poder y a la forma en cómo éste ha conducido a la nación, a sus políticas antidemocráticas y medidas regresivas de los alcances populares que se habían logrado en los procesos históricos del siglo XX, mismos que constituyeron cierta estabilidad en la vida de los ciudadanos.

La alternancia partidista que la oligarquía mexicana pactó en varias entidades del país, tenía como objetivo canalizar el descontento social hacia la jornada electoral, pero sin poner en riesgo sus intereses, de ahí que se generaran expectativas de cambio, que finalmente favorecieran la alianzas entre la misma derecha proneoliberal.

Se trataba de desviar o evitar un posible levantamiento social de alcances nacionales, que atentara contra la viabilidad del proyecto oligárquico impuesto a través de las reformas estructurales, el cual ha puesto en marcha el desmantelamiento de la soberanía económica, energética, territorial, educativa y política de México.

En este ambiente, si bien un sector del magisterio disidente tuvo una participación relevante, incluso colectiva y organizada, en favor de la izquierda progresista que se manifestó por echar abajo la reforma educativa, no agotó en la vía electoral sus posibilidades de lucha contra esta medida; la lógica inherente a los maestros continúa desde el terreno político, por la vía no institucional, sino de la movilización social.

Sin embargo, la lucha magisterial agudizó la crisis de hegemonía en el sistema político mexicano, no sólo porque debilitó al partido gobernante o porque ha cimbrado sus principales figuras presidenciables; también evidenció su incapacidad para generar un clima de gobernabilidad en medio de diversos conflictos sociales que ellos mismos dejaron crecer.

Las demandas por la estabilidad laboral que encabeza la CNTE, y que por supuesto son legítimas, han visibilizado otras inconformidades que no aparecían en el escenario político; detrás de la respuesta represiva al magisterio se dejan ver los proyectos de privatización, eso avispa a todos los actores educativos y a la misma sociedad civil, unas veces en la manifestación social y otras en formas de solidaridad que garantizan las condiciones de lucha por la defensa de la escuela pública; entonces, junto a las muestras masivas de movilización popular, también hay una red de inconformidad que deposita en los maestros, más que en los partidos políticos, sus anhelos de tener una vida mejor.

Un elemento que aparece en este ambiente de descontento generalizado y que hace crisis no sólo en el partido hegemónico sino en todo el sistema de partidos, se refleja en los procesos de organización de gobiernos populares que han encontrado fortaleza en el movimiento magisterial, los cuales advierten en la desfiguración del estado mexicano y sus desgastadas estructuras de poder, así como en sus fallidas políticas antidemocráticas, la necesidad de desconocer los gobiernos locales y, en su lugar, edificar formas de poder emanadas desde la voluntad colectiva.

Nochixtlán no ha sido el único caso en medio de este conflicto, en el que se haya decidido conformar poderes alternos; en varias poblaciones de Chiapas, donde los maestros tienen fuertes raíces, las comunidades indígenas que decidieron respaldar a sus profesores y encabezar las más radicales acciones de presión contra la reforma educativa, ya discutían o habían iniciado la conformación de autonomías.

La idea de crear gobiernos autónomos más allá de las geografías locales hasta escalar a nivel estatal, se hace posible para las comunidades chiapanecas en la medida en que las movilizaciones magisteriales y populares son tan nutridas y de tal magnitud que potencializan una respuesta organizativa mayúscula capaz de derrocar al gobierno de Velasco, pero que ha sido contenida con las fuerzas represivas federales que han ensayado ahí y en Oaxaca la cara más dura de la dictadura en México.

En esta crisis política, el gobierno mexicano ha optado por el endurecimiento de su postura, siempre negativa a derogar o siquiera modificar la reforma educativa. Prefiere provocar un preámbulo violento que le permita un margen muy estrecho para ceder ante una eventual negociación con el movimiento magisterial y popular que no toque los principios de ninguno de los pilares de su proyecto neoliberal.

La masacre de Nochixtlan; la criminalización, persecución y encarcelamiento de los defensores de la educación pública; el uso constante de toda la logística contrainsurgente por parte de los cuerpos policíacos y militares para combatir a los maestros y los brotes de rebelión popular, pero también la represión administrativa traducida en despidos y descuentos salariales indiscriminados a los trabajadores de la educación, son escenarios maquinados por el Estado.

La estrategia gubernamental se propone, en primera instancia, detener la amenaza de un levantamiento civil y, en segundo plano, trazar una salida pactada al conflicto magisterial sin tocar la reforma educativa, pero ofertando en la mesa de diálogo ponerle un freno a su plan de aniquilamiento masivo y selectivo contra la CNTE como moneda de cambio.

Son tiempos de decisiones difíciles para las y los maestros mexicanos; por ello tendrán que optar por una salida que les permita resolver en el corto plazo la estabilidad de su relación laboral, sostener la confianza en que la lucha organizada es el camino para que ningún trabajador sea excluido del sistema educativo por culpa de una ley injusta. Además, deberán caminar en la ruta de la organización multilateral con la sociedad harta de políticas fallidas, trabajar en la construcción de un consenso mayoritario que eche a los neoliberales del poder sin perder su independencia política y encausar los procesos que empujan desde abajo la ruptura con un estado que suplanta la voluntad popular.

Lev Moujahid Velázquez Barriga*

*Doctor en pedagogía crítica y educación popular, miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aún no ocurrían los operativos policiacos contra maestros disidentes en Oaxaca y Chiapas (en junio), ni su extensión a los pobladores que los apoyaban en la sangrienta jornada de Nochixtlán, pero la estadística dejaba ver que las violaciones a los derechos humanos de quienes se dedican a defenderlos se mantenían como parte de una espiral represiva iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, aunque nunca tan radical y dispuesta a asumir los costos políticos como ocurrió a partir del 1 de diciembre de 2012.

Cada año las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y el Comité Cerezo México, emiten el único informe que documenta –con nombre, fecha y lugar– la represión contra dirigentes sociales y defensores de derechos humanos en el país.

En su edición 2016, dicho informe fue intitulado “Defender los derechos humanos en México: la normalización de la represión política”, y sus conclusiones parten de interpretar los datos obtenidos mediante el registro de los casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, prisión política, así como de las diferentes modalidades de agresiones cometidas contra defensores de derechos humanos.

Desde sus primeras páginas el documento da cuenta de las diferencias entre el sexenio de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto: con el primero se llamaba la atención sobre una guerra contra el narco que servía para “normalizar” la violencia; con el segundo, la violencia ya normalizada, se ha concentrado en configurar al enemigo en quienes se oponen a las reformas y políticas derivadas de éstas, centrando el discurso político en los beneficios que habrá con la implementación.

Es decir, después de Calderón el proceso represivo entró a un segundo momento: “Lo que estamos viendo no es sólo un aumento en las estrategias represivas y una mayor selectividad, sino que estamos presenciando que el Estado llegó a una fase en la que está dispuesto a pagar los altos costos políticos que le trae el ejercer sus actos represivos”.

Desaparecer la disidencia

Cuando cinco jóvenes desaparecieron en Tierra Blanca, Veracruz, Claudia Ivonne Vera García se sumó a la búsqueda. Desde 2011, cuando su sobrina de seis años desapareció en esa entidad, reclamaba al gobierno su inacción y participaba en iniciativas ciudadanas de localización, algo que siguió haciendo hasta que el pasado 23 de marzo ella misma desapareció.

Veracruz es uno de los estados con mayor registro de agresiones contra defensores de derechos humanos y dirigentes sociales desde que Javier Duarte asumió el poder, y en su último año de gobierno la entidad ascendió al primer lugar en desapariciones de personas activas en el movimiento social.

Además de Claudia Ivonne, también desaparecieron el académico René Hernández Luis (en agosto de 2015) y el activista Naviel Pérez Pérez (el 3 de enero), aunque sólo en ese caso se le localizó sin vida 10 días después. Con ese registro, Veracruz concentró tres de las siete desapariciones contabilizadas en el país de junio de 2015 a mayo pasado.

Los otros estados donde ocurrieron hechos con el mismo tinte son: Tamaulipas, donde en julio de 2015 desapareció Enrique López Gutiérrez; Jalisco, Mirian Patricia Almanza Cruz, en octubre siguiente; Ciudad de México, donde la Policía Federal desapareció a Julio Emmanuel Marcel de Jesús, quien luego quedó en libertad, y Chiapas, entidad en la que Fidencio Gómez Santís fue desaparecido en marzo pasado.

La edición anterior del informe mencionaba que desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto a mayo de 2015, 81 personas defensoras de los derechos humanos o dirigentes sociales habían sido víctimas de desaparición forzada. Entre junio de 2014 y mayo de 2015 fueron 52, es decir, la mayor parte de los casos que hasta ahora se han contabilizado.

Este año hay una diferencia, pues entre junio de 2015 y mayo de 2016 desaparecieron sólo siete personas (el informe anterior incluía a los 43 estudiantes de Ayotzinapa), lo que indica una disminución significativa respecto del período anterior. Pero en suma se trata de 89 víctimas en lo que va del sexenio, de las cuales, tras su desaparición, 17 fueron víctimas de ejecución extrajudicial, nueve más fueron liberadas y siete quedaron presas. Del resto, su paradero sigue siendo una incógnita.

La desaparición de dirigentes sociales en la última década se observa en 15 estados de la República, pero son Guerrero (69), Michoacán (16), Oaxaca (14), Veracruz (ocho) y Chiapas (siete), los que encabezan la lista de entidades donde ocurre con mayor incidencia esa grave violación a los derechos humanos.

Adiós al refugio

Rubén Espinosa era un fotorreportero cercano al movimiento social veracruzano y su trabajo se había vuelto incómodo al gobierno de Javier Duarte, así que, amenazado, decidió trasladarse a la Ciudad de México, el refugio de los periodistas que en el resto del país se encuentran en riesgo.

Semanas después se reunió con Nadia Vera, una joven que acompañaba diferentes movimientos sociales, y en especial el universitario veracruzano, que mediante los cauces regulares de la protesta social confrontaba al mismo mandatario. La joven radicaba en la Ciudad de México desde que su vivienda en Jalapa fue allanada y las acciones violentas contra estudiantes se radicalizaron.

El 31 de julio de 2015, Rubén y Nadia aparecieron muertos junto con tres mujeres, dos que compartían la renta con Nadia y la empleada doméstica. El refugio capitalino fue vulnerado y el multihomicidio continúa impune.

Las ejecuciones extrajudiciales cometidas contra defensores de derechos humanos y dirigentes sociales registran un incremento notable en la administración de Peña Nieto:

En 2007, apenas se registraron tres casos; entre 2008 y 2010, hubo en total 21. Pero a partir de 2011, la incidencia creció hasta sumar 20 casos, y la tendencia se mantiene, pues en 2012 hubo 21 ejecuciones extrajudiciales, 20 en 2013, 19 en 2014, 18 en 2015, y en los primeros cinco meses de 2016 ya sumaban nueve.

Al comparar por sexenio, con Calderón fueron asesinadas 67 personas. En lo que iba del gobierno peñanietista, hasta mayo pasado sumaban 66, una cifra que se incrementó en los meses siguientes.

Sólo con los casos de mayor cobertura, de junio a la fecha –que no son contemplados aun por el Informe–, el incremento es claro en 2016, pues a los nueve casos mencionados se suman los ocho muertos en Nochixtlán, Oaxaca, entidad donde al menos dos personas más murieron en junio.

Para mayo pasado, el informe había documentado siete casos en Oaxaca, la entidad con más ejecuciones extrajudiciales; cuatro en Chiapas; tres en Guerrero, y dos casos más en la Ciudad de México.

Redadas y prisión

Durante la jornada electoral del 7 de junio de 2015, integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) se manifestaron por el desarrollo comicial. Cuando regresaban a sus casas fueron embestidos por un operativo policiaco que detuvo a 75 personas, de las cuales 25 fueron consignadas y siguen presas.

El FPR es una de las organizaciones sociales que más ha padecido de represiones en el país, y en Oaxaca suele ser objeto de las distintas formas de represión. En el caso de los 25 presos de aquella jornada electoral, el proceso no avanzó porque el juez tercero de distrito, Amado Chiñas, argumentó que no tenía traductores de mixe y zapoteco, lengua materna de varios miembros del grupo. Pero los mandaron a penales de alta seguridad, sin proceso y sin sentencia.

Por ser una detención masiva y haber sucedido en Oaxaca, el caso es emblemático. Y es que al aspecto de la masificación enfatizado por el informe, se suma el hecho de que se trata de una de las entidades con mayor registro de defensores de derechos humanos o miembros de movimientos sociales presos.

Junto con Oaxaca, el Distrito Federal, Guerrero y Chiapas son los estados donde el uso de las detenciones arbitrarias y la prisión por motivos políticos es mayor. Pero en el último año el encarcelamiento de dirigentes se amplió a los estados de Michoacán, Jalisco y Morelos.

En el informe anterior, Guerrero tuvo el primer lugar en detenciones arbitrarias, todas relacionadas con el movimiento magisterial, precisamente el que en el último año sumó más de cien casos, sólo en Oaxaca y Michoacán.

En el rubro no sólo se contabilizan los casos de quienes son sujetos a proceso penal, sino de aquellos que aun siendo detenidos por unas horas, lo son a consecuencia de su participación en el movimiento social. No obstante, los redactores del informe previenen que muchas de las detenciones ocurren en lugares aislados, no siempre es posible documentarlos y la estadística podría ser superior.

Hasta el pasado mayo sumaban 497 casos de detenciones arbitrarias ocurridas en los 12 meses previos, por lo que la cifra aumentó, dado que en 2015 se documentaron 459 casos.

Respecto de quienes están sometidos a proceso penal o fueron sentenciados, hasta el 31 de mayo de 2015 estaban presas 224 personas por motivos políticos en México, y actualmente, hasta el 31 de mayo de 2016, suman 277. La cifra incluye a todos las personas que están detenidas desde 1995, algunas de los cuales llevan ya alrededor de 21 años en prisión.

El incremento en las detenciones y prisión para dirigentes sociales es notorio en la estadística. Los informes de represión abarcan cada año de junio a mayo siguiente, y por lo que respecta al período 2012-2013, se registraron sólo 50 casos, para 2014 sumaron 175, en 2015 la cifra ascendió a 224, y en el año próximo pasado, hasta mayo, se acumularon 277 casos.

En el tiempo que lleva Peña Nieto, el número de detenciones arbitrarias aumentó casi al doble respecto del sexenio anterior, pues en tres años y medio se realizaron mil 635 detenciones arbitrarias, lo que por otra parte representa 62% del total de detenciones arbitrarias realizadas desde 2006.

Un dato adicional es que alrededor del 70% de los detenidos están libres sin cargo alguno, es decir, no existió ningún elemento para mantenerlos en prisión y ese simple hecho convierte en arbitraria una detención. De acuerdo con los redactores del informe, constata el hecho de que se utiliza como un mecanismo para inhibir las manifestaciones organizadas de descontento, y sobre todo el ejercicio al derecho humano a la protesta.

Hasta el cierre de este informe, el número de personas que fueron detenidas de manera arbitraria y que se encuentran en prisión asciende a 81; además, 67 personas que están libres bajo caución o con reservas de ley.

Finalmente, a diferencia del informe anterior, donde la mayoría de las personas fueron detenidas bajo delitos del fuero común –lo que señalaba que eran ejecutadas por las autoridades y policías de los estados–, actualmente hay un porcentaje similar entre aquellos a los que les fueron imputados delitos del fuero común y aquellos imputados por delitos del fuero federal.

Ataques, amenazas, hostigamiento…

A unos cien metros del caserío, en la villa de Cloete, en Coahuila, los caciques de la región intentan extraer carbón. Sin embargo, un grupo de deudos de mineros muertos en los socavones y la defensora de derechos humanos Cristina Auerbach Benavides se han opuesto por la vía judicial.

Los priistas Antonio Nerio, padre e hijo homónimo, cuando no son alcaldes son diputados. Ambos controlan parte del transporte carbonero y también tienen minas irregulares, una de las cuales exhibió Auerbach. La concesión es del regidor Álvaro Jaime, también priista, en el municipio de Sabinas.

Además de las amenazas, demandas, vigilancias y difamaciones en medios de comunicación, Auerbach Benavides también fue víctima –el pasado 30 de marzo– del allanamiento de las oficinas de la Organización Familia Pasta de Conchos, por parte de un grupo clientelar del PRI regional. El caso concentra todos los tipos de agresión que documenta el informe de la represión, pero es apenas uno de los ataques a defensores de derechos humanos en todo el país.

Se trata de 136 eventos que contienen 446 ataques que afectaron a 165 personas, 48 organizaciones y 15 comunidades. En 2015 se habían documentado 330 ataques que afectaron a 248 personas, 47 organizaciones y 35 comunidades.

La aparente disminución en los eventos y los actos registrados del informe de 2015 al de 2016, muestra que los ataques fueron masivos.
Sobre los estados en los que ocurrieron, Guerrero concentra 18.6% (83 ataques) de todos los actos documentados, seguido de Chiapas con 15% (67), Oaxaca con 12.3% (55), Michoacán (48) con 10.7%, Veracruz con 8.9% (40) y la Ciudad de México con 7.8% (35).

El informe expresa su convicción de que la alta concentración de casos en Guerrero es una respuesta del Estado a la efervescencia del movimiento social motivada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la reforma educativa, lo que también explica que sean los estados con movimiento magisterial los que registraron más ataques.

Por su tipología, se observa una intensificación de la violencia represiva, pues a diferencia del año pasado, cuando el hostigamiento fue el tipo de ataque más utilizado, actualmente son las agresiones las que se presentan como el acto más usado con 261 casos (58.5% del total), seguido de la amenaza, con 62 casos (13.9%); criminalización, con 61 (13.6%), y hostigamiento, con 43 episodios (9.6%).

Para las organizaciones que emitieron el informe, la estadística en general no es sólo un recuento o exposición de datos. Se trata, en síntesis, de un gobierno que intenta imponer las reformas estructurales y sus políticas y programas derivados, mediante una estrategia de control social que con militarización, paramilitarismo y la construcción de un enemigo –en lo que llama “inercias y resistencias que deben vencerse”– perfeccionó un modelo represivo que pretende normalizar.